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Un juzgado ubicado en Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados una condena consistente en abonar más de 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón, derivado de una disputa por contrato. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.
El pleito legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo laboral relacionado con los anhelos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
Durante el mes de febrero de 2016, Arzú comenzó a negociar con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que fortaleciera su perfil público ante una posible postulación a la presidencia.
El vínculo sentimental concluyó en medio de un conflicto por la falta de cumplimiento en los pagos pactados, lo que derivó en un litigio ante la justicia de Estados Unidos.
El contrato político que terminó en una demanda millonaria
De acuerdo con los documentos del proceso judicial, el acuerdo contemplaba servicios de asesoría estratégica y posicionamiento político.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity interpuso una demanda contra Roberto Arzú en una corte del condado de Miami-Dade, Florida, debido a una infracción de contrato.
La empresa reclamaba el pago de los compromisos económicos derivados de la relación comercial entre ambas partes.
Según registros dados a conocer por los medios de comunicación guatemaltecos, el convenio inicial contemplaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de pagos posteriores hasta alcanzar una cifra cercana a los 5,2 millones de dólares a lo largo del año siguiente.
El vínculo entre el político y el asesor se fue desgastando conforme surgieron discrepancias en torno a las contraprestaciones económicas y los servicios acordados.
El 11 de octubre de 2018, un fallo judicial fue emitido, fijando la obligación de abonar US$5,5 millones, además de US$660.594,22 correspondientes a intereses acumulados, alcanzando así una cifra global de US$6.160.594,22.
El fallo judicial asimismo contemplaba el recargo de los intereses legales devengados tras el dictamen.
De este modo, la disputa judicial y económica pasó a ser uno de los pleitos de mayor trascendencia pública en el transcurso de la campaña presidencial inicial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
La controversia adquirió mayor notoriedad cuando el tribunal estadounidense ordenó la comparecencia de Arzú para atender diligencias relacionadas con la ejecución de la sentencia.
Durante el mes de abril de 2019, la autoridad judicial citó al político para comparecer ante el tribunal y dar explicaciones acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Según los expedientes judiciales, Arzú faltó a la cita del 17 de abril, a pesar de que el tribunal había girado una instrucción al respecto el día 4 de aquel mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, emitió una orden de detención contra Roberto Arzú por desacato civil, ejecutable si era localizado dentro del estado de Florida.
La resolución establecía que, en caso de ser detenido, debía ser presentado ante un juez dentro de las siguientes 24 horas para continuar con el procedimiento correspondiente.
También se contemplaba la posibilidad de que Arzú enmendara el desacato a través de su presentación a una comparecencia enfocada en viabilizar el cumplimiento de la sentencia.
Es fundamental tener en cuenta que el mandato surgió dentro de un litigio civil debido a un incumplimiento de contrato, por lo que no se trataba de una sentencia de índole penal derivada de una infracción.
El expediente judicial se hizo público en abril de 2019, momento en el que Arzú desarrollaba su campaña para la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse la decisión judicial, Roberto Arzú rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que el conflicto tenía motivaciones políticas.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le habían notificado la citación para presentarse ante la corte de Miami, al tiempo que recalcó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por su parte, Rendón sostuvo que existía un compromiso contractual y que Arzú había incumplido las obligaciones económicas asumidas.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La polémica también abarcó diálogos confidenciales que más tarde salieron a la luz a través de la prensa.
Una investigación publicada por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 reveló mensajes intercambiados entre Roberto Arzú y JJ Rendón durante 2016 y 2017, en los que se discutían compromisos de pago relacionados con el acuerdo de asesoría política.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de los documentos del pleito, los dos conservaban al principio un trato amistoso.
No obstante, los textos reflejaban un desgaste paulatino en la relación comercial debido a los obstáculos para efectuar los cobros exigidos.
Asimismo, los mensajes mostraban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que trataba de zanjar los desacuerdos financieros.
La publicación de estos intercambios añadió nuevos elementos a la controversia, especialmente porque el candidato había sostenido públicamente que nunca existió un contrato definitivo de prestación de servicios.
Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la luz pública durante la contienda electoral presidencial de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), que integraba la coalición electoral con Podemos, mantuvo su respaldo al candidato y destacó que el litigio correspondía a un procedimiento civil.
Dicho conflicto sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano en torno al propósito del convenio, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
En los archivos judiciales de Florida quedaron asentados tanto un fallo civil como una consiguiente orden de arresto por incumplimiento. A pesar de esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por sí mismos el desenlace de la deuda o de los compromisos financieros.
Este episodio representa uno de los antecedentes judiciales internacionales más destacados en la trayectoria de Roberto Arzú, además de integrarse en la serie de disputas que marcaron su incursión en la contienda presidencial de Guatemala.
Fuentes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Declaración de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas entre Roberto Arzú y JJ Rendón

