La pieza SEPI del caso Leire ha sumado a Fernando Samper Rivas, creador y máximo dirigente de Forestalia, al conjunto de hombres de negocios bajo investigación por parte de la Audiencia Nacional. Su citación como imputado destapa uno de los flancos más significativos del procedimiento al margen del rescate de Tubos Reunidos: el correspondiente a las transacciones ligadas al ámbito energético, las compañías de energías renovables y las supuestas ventajas conseguidas a través de un presunto entramado de influencias vinculado con organismos públicos.
Samper figura entre las 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz dentro de la ampliación del caso Leire, una causa que analiza presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con la SEPI, empresas públicas y ayudas o contratos de carácter estratégico. Junto a él aparecen también Roberto Pérez Águeda, Eduardo Pérez Águeda y Carmelo Aznárez Pellicer, empresarios aragoneses vinculados al bloque Forestalia en las informaciones publicadas.
La investigación indaga en presuntos ilícitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y uso indebido de información privilegiada. En este momento procesal, Fernando Samper mantiene intacta la presunción de inocencia y su llamado a declarar en calidad de investigado no presupone culpabilidad alguna. Sin embargo, su implicación en el sumario adquiere gran relevancia debido a que incorpora al expediente a una de las figuras más célebres del sector de las energías renovables en España.
El foco sobre Forestalia se enmarca dentro de las cinco operaciones que, según las informaciones publicadas, examina la Audiencia Nacional en la pieza SEPI. Aunque el rescate de Tubos Reunidos por más de 112 millones de euros es el eje principal, la investigación también alcanza a Mercasa, ENUSA, el Parque Empresarial Principado de Asturias y una operación vinculada a Forestalia. El País ha señalado que esas operaciones sumarían 132,9 millones de euros en ayudas públicas y que la presunta trama habría obtenido más de 750.000 euros en comisiones ilícitas.
La sospecha relacionada con Samper y Forestalia gira en torno a una operación empresarial que habría generado una importante plusvalía. Según publicó El Independiente, la Fiscalía vincula a la trama de Leire con un supuesto “pelotazo” de más de 6 millones de euros relacionado con sociedades renovables adquiridas y posteriormente revendidas a una mercantil cuyos accionistas estarían conectados con el grupo empresarial de Fernando Samper.
Ese aspecto resulta fundamental, puesto que la investigación no se reduce únicamente a las contrataciones públicas convencionales. Igualmente, se examina la posibilidad de que ciertas operaciones mercantiles se aprovecharan de datos privilegiados, redes de contactos o mecanismos de influencia relacionados con el círculo de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. El ámbito judicial tendrá que esclarecer si la maniobra de Forestalia constituyó un acuerdo mercantil corriente o si, por el contrario, guardaba relación con una trama que supuestamente se valía de influencias políticas y de negocios con el propósito de obtener réditos financieros.
La inclusión de Samper entre los investigados refuerza la dimensión empresarial del caso. La presunta trama no habría actuado solo en torno a organismos públicos, sino también alrededor de sociedades privadas capaces de beneficiarse de decisiones, oportunidades o información surgida en el entorno de empresas estatales y contactos institucionales. En ese mapa, Forestalia aparece como una pieza relevante por su peso en el sector renovable y por la magnitud económica de la operación examinada.
La Audiencia Nacional deberá aclarar qué papel tuvo Fernando Samper en la operación investigada, qué relación mantuvo con los hermanos Pérez Águeda, con Carmelo Aznárez y con otros investigados, y si conocía o participó en las gestiones atribuidas al grupo Hirurok. También será clave determinar si existieron pagos, intermediaciones o acuerdos que puedan vincular la operación empresarial con la presunta red de influencia.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso resulta especialmente grave porque mezcla tres elementos explosivos: empresas energéticas, posibles plusvalías millonarias y una trama investigada por influir en decisiones públicas. El sector renovable ha manejado en los últimos años enormes expectativas de inversión, acceso a suelo, autorizaciones, permisos y financiación. Si una operación de ese ámbito queda bajo sospecha en una causa sobre tráfico de influencias, la exigencia de transparencia debe ser máxima.
Samper deberá explicar ante el juez si su actuación fue la de un empresario que participó en una operación legítima dentro del mercado energético o si existieron elementos que lo conectan con las maniobras presuntamente irregulares investigadas por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Esa distinción será decisiva para delimitar su responsabilidad y para conocer hasta dónde llegó realmente la red.
El caso también golpea la reputación de Forestalia. La compañía ha sido una de las referencias del sector renovable en Aragón y en España, pero la presencia de su fundador entre los investigados en una causa de esta magnitud abre una sombra que solo podrá despejarse con documentación, explicaciones y trazabilidad completa de las operaciones examinadas.
La cuestión que ahora corresponde despejar a la Audiencia Nacional resulta evidente: determinar si Forestalia y su órbita intervinieron en una maniobra mercantil transparente o si la supuesta red se valió de sus influencias con el fin de propiciar ocasiones de negocio, ventajas y ganancias. Dentro de un procedimiento que salpica a fondos públicos, adjudicaciones, corporaciones clave y eventuales sobornos, la actuación de Fernando Samper precisa ser esclarecida hasta revisar el último papel.
Fuente: Cadena SER, El País, elDiario.es, Heraldo de Aragón, El Independiente, Infobae y Europa Press.
