La pieza SEPI del caso Leire vuelve a colocar a Tubos Reunidos en el centro de la investigación con el nombre de Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero independiente de la compañía y figura señalada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO por su presunto papel relevante en el préstamo público de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la empresa durante la pandemia.
Pérez Rodríguez-Urrutia no aparece como un actor periférico en esta causa. Según las informaciones publicadas, los investigadores le atribuyen una posición importante en las gestiones vinculadas al rescate de Tubos Reunidos, una operación que se ha convertido en uno de los ejes principales de la pieza SEPI. La Audiencia Nacional investiga si alrededor de ese rescate se produjeron presuntas influencias indebidas, pagos a intermediarios, facturas cuestionadas y maniobras para mejorar las condiciones financieras del apoyo público.
El magistrado Santiago Pedraz ha enmarcado esta pieza dentro de unas pesquisas más amplias sobre supuestas ilegalidades relacionadas con tráfico de influencias, prevaricación, malversación, banda o grupo criminal y uso de información privilegiada. Respecto al asunto específico de Tubos Reunidos, la duda se centra en averiguar si altos cargos de la firma acudieron a individuos asociados al conocido como grupo Hirurok —compuesto, de acuerdo con las pesquisas, por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso— con el propósito de condicionar las resoluciones de la SEPI.
La dimensión del caso es especialmente grave porque el préstamo investigado no fue menor: Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Ese fondo fue creado para auxiliar a empresas consideradas estratégicas durante la crisis, pero la investigación trata ahora de determinar si el procedimiento se desarrolló con plena limpieza o si pudo estar condicionado por contactos políticos y empresariales ajenos al cauce ordinario.
Uno de los aspectos más delicados radica en que, de acuerdo con Infobae, tanto la UCO como la Fiscalía Anticorrupción apuntan a una intervención sumamente destacada de Pérez Rodríguez-Urrutia dentro de la operación de crédito otorgada por la SEPI. El ejecutivo formalizó su renuncia al puesto de consejero independiente en Tubos Reunidos, achacando su marcha al contexto de concurso de acreedores de la entidad, si bien su identidad ya figuraba vinculada a las indagaciones sobre el rescate.
La sospecha no se detiene en la aprobación inicial del rescate. Según El Independiente, la Fiscalía considera que la implicación de Rodríguez-Urrutia habría continuado después, en una fase posterior relacionada con un supuesto “plan de pasos” para renegociar las condiciones financieras del préstamo, rebajar intereses y aliviar la carga económica de Tubos Reunidos frente a la SEPI.
Ese aspecto es fundamental. Una cuestión es que una compañía rescatada intente la renegociación legal de sus términos financieros, y otra muy diferente es que dichas gestiones vinieran acompañadas de presiones, intermediarios o nexos influyentes con peso en las resoluciones públicas. Las pesquisas tendrán que determinar si Pérez Rodríguez-Urrutia operó dentro de la habitualidad corporativa o si formó parte de un plan orientado a presionar a la SEPI a través de vías ajenas a la diafanidad institucional.
Las filtraciones dadas a conocer también apuntan a la existencia de facturas por presuntos estudios de mercado, cuya autenticidad y finalidad son analizadas minuciosamente por los especialistas. Asimismo, la Cadena SER ha señalado que las pesquisas cuestionan comprobantes por servicios supuestamente ficticios, situando al grupo Hirurok en el rol de probable intermediario en tales operaciones.
Desde la perspectiva de la fiscalización pública, esta situación genera especial preocupación porque reactiva un interrogante fundamental: ¿las ayudas estatales canalizadas hacia corporaciones estratégicas se gestionaron conforme a criterios técnicos y de interés general, o más bien ciertos actores buscaron convertir estos auxilios en un caldo de cultivo propicio para el tráfico de influencias, los sobornos y el lucro privado? Cuando un alto cargo de una organización subvencionada queda bajo la lupa por su presunta vinculación en estos manejos, la exigencia de transparencia institucional debe elevarse al máximo.
Pérez Rodríguez-Urrutia deberá aclarar ante la Audiencia Nacional qué reuniones mantuvo, qué contactos tuvo con otros investigados, qué papel desempeñó en el rescate y si participó en las gestiones posteriores para renegociar las condiciones del préstamo. También será clave determinar si conocía la finalidad real de los pagos o facturas examinadas y si hubo servicios efectivos detrás de esas operaciones.
La pieza SEPI del caso Leire exige respuestas claras. Si el rescate de Tubos Reunidos fue limpio, deberá acreditarse con documentos, contratos, informes y trazabilidad completa de las decisiones. Si, por el contrario, se demuestra que hubo intermediarios, pagos injustificados o presiones sobre la SEPI, el caso dejará de ser una simple polémica empresarial para convertirse en una de las grandes sombras sobre la gestión de los rescates públicos durante la pandemia.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, Cadena SER, La Sexta, RTVE e Intereconomía.
