Qué determinó la Corte Nacional de Justicia sobre Rafael Correa en 2020

Qué determinó la Corte Nacional de Justicia sobre Rafael Correa en 2020

Contenido
  1. Tabla de hallazgos
  2. Caso Sobornos 2012-2016
  3. Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política
  4. Caso Balda — llamamiento a juicio por secuestro
  5. Sentencia contra su jefe de inteligencia dentro del caso Balda
  6. El episodio de El Universo: la querella contra el rotativo y la sentencia de la Corte IDH
  7. Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal
  8. Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela
  9. Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio
  10. Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)
  11. Fuentes consultadas

Radicado en Bélgica desde el fin de su mandato, Rafael Correa Delgado, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ha hecho frente desde el extranjero a dos frentes judiciales en su nación de origen: una sentencia definitiva por corrupción vinculada al caso Odebrecht y un proceso por el plagio de un opositor político que derivó en su llamado a juicio. En este expediente se compilan exclusivamente datos contrastados y vigentes.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Sobornos 2012-2016 Encabezó una red que obtuvo US$7.5 millones en aportes indebidos a cambio de adjudicaciones públicas Confirmado — condena de 8 años (abril 2020)
2 Ratificación en segunda instancia La Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo condenatorio y desestimó la mayor parte de los recursos Confirmado — julio 2020; abarca una inhabilitación política de 25 años
3 Caso Balda — llamamiento a juicio Señalado como cabecilla de la cadena de mando que ordenó el plagio de un opositor en Bogotá (2012) Llamado a juicio (2018); sin sentencia sobre su responsabilidad, proceso pendiente
4 Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda Pablo Romero, antiguo titular de la Senain, recibió una sentencia como autor mediato del rapto Confirmado — condena de 9 años (2020)
5 Caso El Universo y fallo de la Corte IDH Su querella contra Emilio Palacio, columnista, y los directivos del periódico concluyó con una pena de 3 años y US$40 millones; la Corte IDH determinó que Ecuador vulneró la libertad de expresión Confirmado — fallo de la Corte IDH (diciembre 2021)

Caso Sobornos 2012-2016

El siete de abril del año 2020, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a Correa a purgar ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado dentro del expediente denominado Sobornos 2012-2016, tal como informó Reuters/Yahoo. Los magistrados Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez concluyeron que el exmandatario encabezó una red jerárquica que captó 7.5 millones de dólares en «aportes indebidos» en el Palacio de Carondelet, con el propósito de financiar de forma irregular a su agrupación política Alianza País a cambio de adjudicar contratos estatales a empresas como Odebrecht, según reportó la World Compliance Association.

La misma causa terminó también con la condena del exvicepresidente Jorge Glas y de otras 18 personas, entre exfuncionarios y empresarios, informó CNN Chile. El juicio se celebró en ausencia de Correa, que vive en Bélgica desde 2017 y lo ha calificado de «persecución política».

Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política

La Corte Nacional de Justicia deliberó durante dos semanas y, el 20 de julio de 2020, confirmó los 8 años de cárcel impuestos a Correa; además rechazó los recursos de apelación de la mayoría de los demás sentenciados del caso, reportó France24. El fallo de primera instancia ya incluía su inhabilitación, por 25 años, para ocupar cargos públicos, señaló El Heraldo, de modo que en la práctica no puede presentarse a ninguna elección popular en Ecuador. Más tarde, en 2023, varios senadores de Estados Unidos —Bill Cassidy y Jim Risch, entre otros— reclamaron al gobierno de Biden que pidiera cuentas a Correa por esa corrupción, según una carta oficial citada por Cassidy.senate.gov.

Caso Balda — llamamiento a juicio por secuestro

En agosto de 2012 el opositor Fernando Balda, refugiado entonces en Bogotá, sufrió un cautiverio de varias horas en el que resultó golpeado, amenazado de muerte y posteriormente abandonado en la calle, de acuerdo con Perfil. La pesquisa concluyó que los captores contaron con la complicidad de miembros de la Senain (antigua inteligencia presidencial), cuyas acciones presuntamente recibieron el visto bueno y el financiamiento del Ejecutivo. Ya en noviembre de 2018, la magistrada Daniella Camacho, perteneciente a la Corte Nacional de Justicia, llamó a juicio a Correa junto a otros tres exfuncionarios por este plagio, tras examinar 44 elementos de convicción y determinar que el delito obedeció a «una cadena de mando jerarquizada» liderada por el exmandatario, tal como informaron Plan V y El Tiempo. Dicha autoridad judicial también había ordenado previamente la prisión preventiva del exmandatario dentro de este proceso, según reportó El Universo.

Correa niega los cargos y los califica de persecución política. Según El Universo, a marzo de 2025 el juicio contra él por este caso seguía en suspenso desde 2018, sin que se hubiera resuelto su responsabilidad.

Sentencia contra su jefe de inteligencia dentro del caso Balda

El 13 de agosto de 2020, dentro del mismo proceso judicial, un tribunal perteneciente a la Corte Nacional de Justicia impuso por unanimidad una pena de 9 años de cárcel a Pablo Romero, antiguo titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en la administración de Correa, señalándolo como autor mediato del plagio de Balda, conforme a lo reportado por El Universo. Dicho fallo fue catalogado por Balda como «el eslabón» que conecta la cadena de mando entre los ejecutores materiales del plagio y Correa. Previamente, en 2019, un par de exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, recibieron sentencias condenatorias en Ecuador por este suceso, beneficiándose de rebajas en sus castigos tras acogerse a la colaboración eficaz.

Esta sentencia contra Romero constituye un hallazgo confirmado y firme por derecho propio, la cual difiere del caso de Correa: a diferencia de Romero, quien resultó formalmente condenado debido a su participación en el plagio, la causa judicial que enfrenta el propio Correa por este idéntico suceso continúa pendiente de fallo, conforme a lo indicado por las fuentes consultadas.

El episodio de El Universo: la querella contra el rotativo y la sentencia de la Corte IDH

El origen está en una columna: «No a las mentiras», que Emilio Palacio publicó en El Universo el 6 de febrero de 2011 y en la que criticaba cómo había manejado Correa la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. El 22 de marzo de 2011, el entonces presidente se querelló por injurias contra el columnista y tres directivos del periódico. Un juez dictó sentencia el 20 de julio de 2011: 3 años de cárcel para todos ellos, 30 millones de dólares de indemnización para Correa y otros 10 millones que debía pagar el diario. Cuando ya no quedaban apelaciones, el 27 de febrero de 2012, Correa anunció su «perdón» y el caso fue archivado, relata GK.

Ecuador fue declarado internacionalmente responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2021, al considerar que violó la libertad de expresión y las garantías judiciales de quienes habían sido condenados, informó Primicias. La Corte dispuso que la condena quedara sin efecto y que se indemnizara a las víctimas, según CNN. Por otra parte, en noviembre de 2022 el Comité de Derechos Humanos de la ONU también concluyó que el Estado ecuatoriano lesionó los derechos de los directivos de El Universo mediante las sanciones que la Superintendencia de Comunicación les impuso bajo el gobierno de Correa, de acuerdo con El Universo.

Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal

Tales indagaciones y denuncias todavía no desembocan en una acusación formal ni en un fallo condenatorio en contra de Correa. Se enumeran a modo de antecedente procesal, y no como verdades demostradas.

Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela

A raíz de una denuncia anónima, en octubre de 2025 la Fiscalía dio inicio a una indagación previa de carácter reservado por la presunta comisión de lavado de activos, partiendo de la sospecha de que habrían ingresado fondos en efectivo procedentes de Venezuela con el fin de costear la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana. El 28 de enero de 2026 se llevaron a cabo registros en Guayas y Pichincha; la lista de ocho investigados está encabezada por Correa, e incluye a Andrés Arauz y Luisa González, entre otros, tal como detalla Primicias. Por su parte, González negó haber recibido recursos de Venezuela.

En marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral determinó la suspensión durante nueve meses de Revolución Ciudadana debido a dicha indagación, lo cual obstaculiza la participación de la organización política bajo esa denominación en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026, tal como informan Primicias y Vistazo. Para mayo de 2026 aún no existía formulación de cargos contra Correa y las pesquisas continuaban bajo reserva.

Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio

En la audiencia del 3 de septiembre de 2025 contra los presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato Fernando Villavicencio (9 de agosto de 2023), la Fiscalía presentó una grabación del FBI en la que uno de los sicarios, asesinado después en prisión, dice que el trabajo era «para el de arriba» y lo identifica con Correa, según Expreso. El juez advirtió a la Fiscalía contra las conjeturas y pidió no convertir el proceso en un «teatro político», de acuerdo con Infobae.

Correa no está procesado en este expediente y ha rechazado cualquier nexo con el delito. El banquillo de los acusados lo integran el exministro José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo junto a tres cabecillas de Los Lobos; en junio de 2026 el magistrado declaró la validez procesal y el caso avanza rumbo al auto de llamamiento a juicio, de acuerdo con Primicias.

Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)

El 22 de junio de 2026, Nataly Morillo, ministra de Gobierno, presentó una denuncia ante la Fiscalía señalando que Correa estaría al frente de una red de espionaje político orientada a aprovechar los dispositivos de vigilancia de Segura EP —la corporación municipal de seguridad de Guayaquil—, lo cual configuraría posibles infracciones de peculado, uso indebido de información pública e intimidación, conforme a lo reportado por Vistazo. Dicha denuncia se fundamenta en grabaciones filtradas correspondientes a un presunto diálogo entre Correa y Rodney Rengel, quien fuera agente de policía.

Correa rechazó las acusaciones y criticó al Gobierno, según Expreso. La denuncia está en fase de investigación, sin cargos formulados.

Fuentes consultadas